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Propone Lisset iniciativa que crea el protocolo para la activación de alerta de violencia de género

  • 30 nov 2022
  • 6 min de lectura




Con el objetivo de proteger, garantizar la integridad, libertad, seguridad y acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas, la diputada local de Morena, Lisset Marcelino Tovar, presentó una iniciativa por la que se crea el protocolo para la activación de la alerta de violencia de genero para el Estado de Hidalgo.

En su exposición de motivos, la legisladora morenista subrayó que, de acuerdo al sistema Nacional de Seguridad Publica, en los primero ocho meses de 2021 en Hidalgo, se recibieron 190 mil 458 llamadas de emergencia, las cuales 7 mil 476 llamadas fueron de incidentes de violencia contra las mujeres, 50 más relacionadas con incidentes de abuso sexual.

Dijo que 134 llamadas fueron por acoso u hostigamiento sexual, 49 por incidentes de violación, 805 por violencia de pareja y 3 mil 188 por emergencia relacionada con incidentes de violencia familiar, lo que sitúa a la entidad dentro de los primero 10 a nivel nacional.

Indicó que en el mismo año antes referido, Hidalgo registraba 12 delitos de feminicidio, siendo Tula de Allende el municipio que se encuentra dentro de los 100 municipios con este tipo de casos; así como 22 víctimas de homicidio doloso, 40 homicidios culposos, 857 lesiones dolosas, 426 lesiones culposas, 3 secuestros, 23 extorciones, 11 corrupciones de menores y 3 tratas de personas. 

Destacó que en el mismo periodo, en Hidalgo se iniciaron 3 mil 710 carpetas de investigación por violencia familiar y 502 por violación. Comentó que estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género.

Esto significa -abundó- que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en la sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

“No podemos normalizar las conductas que algunas mujeres tienden a entender como un fenómeno cultural, pues en ocasiones muchas de ellas aceptan estos patrones abusivos sin ser conscientes del grado de abuso que esto genera”, apuntó.

Destacó que, “como Hija, madre, hermana, legisladora, pero sobre todo como mujer, debemos de seguir luchando por un modelo de derecho, que garantice, un Estado más seguro, y con la certeza de que nuestras instituciones, velarán y cumplirán con las acciones necesarias para que nuestra lucha legitima al fin este culminada”.

Más adelante, Sharon Macotela Cisneros, diputada local de Morena, sometió a la consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley de Salvaguardia y Fomento Artesanal para el Estado de Hidalgo, que busca reconocer y garantizar la protección, salvaguarda y el desarrollo cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Explicó que el robo de diseños o plagios de identidad cultural se ha acentuado en los últimos tiempos, toda vez que la piratería en sus diseños por marcas internacionales ha propiciado la iniciativa en la protección de los derechos culturales de las artesanías mexicanas, promoviendo un sinfín de iniciativas tendientes a regular este aspecto.

Detalló que la presente iniciativa busca homologar la normativa estatal con dispuesto en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, a efecto de proteger los derechos culturales del país y, en este caso, a las artesanías y artesanos hidalguenses.

En tanto, el diputado local de Morena, Fortunato González Islas, presentó una iniciativa que reforma los artículos 75 y 102 Bis de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de que el trámite para la obtención o renovación de la licencia de conducir pueda realizarse de manera presencial o en línea, a excepción del examen teórico-práctico de conducción de vehículos motorizados, el cual será presencial.

De la misma manera, el legislador morenista propone que la portabilidad de las licencias de conducir, puedan ser físicas y/o digitales, como ya ocurre en otras entidades federativas del país.

Explicó que el trámite electrónico tiene la ventaja de estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, además de garantizar mayor transparencia y responsabilidad, ya que los trámites quedan registrados y pueden ser consultados por cualquier ciudadano. También, dijo, habrá mayor agilidad y rapidez, ya que los procedimientos se completan en menos tiempo, entre otros beneficios.

Más adelante, la diputada Lisset Marcelino sometió a la consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que reforma los artículos 312 y 318 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo, a fin de brindar condiciones de sostenimiento financiero responsable a los partidos políticos con registro nacional en Hidalgo.

Las modificaciones planteadas, también buscan destinar los recursos obtenidos a través del cobro de multas y sanciones a programas sociales dirigidos a la población más vulnerable de Hidalgo.

Consideró que resulta necesario establecer también una visión social y humanista en la forma en la que se asigna el recurso proveniente de las sanciones a partidos políticos, personas físicas, servidores públicos, organizaciones sociales y políticas. Dijo que trasladando el recurso económico hacia un esquema de programas sociales prioritarios que ponen en el centro a las personas más vulnerables de Hidalgo.

Por otro lado, dijo que resulta también importante mencionar que actualmente la legislación contempla reducir a partidos políticos por concepto de pago de sanciones hasta el 50% de las prerrogativas mensuales para gasto ordinario, lo que conlleva también una situación de insostenibilidad financiera, poniendo en riesgo el espíritu de la legislación con respecto a la predominancia del financiamiento público sobre el privado.

Explicó que los partidos políticos con registro nacional en Hidalgo, reciben prerrogativas un 40% inferiores a lo que se recibe a nivel nacional. Proponer un aumento a las prerrogativas para armonizar con la Constitución de la república, sería un error en términos de lo que marca el principio rector de la austeridad, sin embargo, se plantea una solución que alivie la sostenibilidad de los partidos, privilegiando la utilización de los recursos públicos sobre el privado a través de la reducción del porcentaje que el Organismo Público Local Electoral puede retener por concepto de sanciones del 50% al 25%.

Con respecto al cambio de destino de dichos recursos, dijo que cabe resaltar la soberanía de cada estado para decidir el destino del dinero obtenido a través de multas, lo cual puede consultarse en la a jurisprudencia 31/2015.

En tanto, el diputado local de Morena, José Antonio Hernández Vera, a nombre de sus compañeras y compañeros legisladores del Partido del Trabajo (PT) y de su bancada, planteó una iniciativa que reforma el párrafo primero y adiciona las fracciones I, II, III y IV al artículo 1 de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo.

Detalló, en su exposición de motivos, que el objetivo de la presente iniciativa es promover y garantizar mecanismos claros y efectivos para una mayor protección de los derechos de las y los jóvenes en Hidalgo.

Subrayó que los jóvenes son un grupo poblacional importante que debe ser atendido y escuchado, si se quiere que su inclusión y participación sea una realidad. Es importante -añadió- multiplicar los esfuerzos encaminados a crear y desarrollar políticas y programas que estén específicamente destinados a este sector, mediante los cuales se garanticen todos sus anhelos y derechos.

Por otra parte, Ángel Tenorio Cruz, diputado local de Morena, presentó una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que busca que el Estado y los Ayuntamientos tengan la obligación de proteger la salud pública, incluida la provisión de información apropiada, educación y apoyo que les permita desarrollar y mantener un estilo de vida sano a las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como proteger a otros de la infección.

En la exposición de motivos, indicó que de acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022, el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial y ha cobrado 40.1 millones de vidas, oscilando los cálculos entre 33.6 y los 48.6 millones.

Dijo que se calcula que a finales de 2021 había 38.4 millones de personas (33.9 a 43.8 millones) que vivían con el VIH y más de dos tercios (25.6 millones) en la Región de África, según la OMS.

Añadió que para alcanzar el nuevo objetivo mundial 95/95/95 propuesto por ONUSIDA, “tendremos que redoblar esfuerzos para evitar la hipótesis más desfavorable: 7,7 millones de muertes relacionadas con el VIH en los próximos 10 años, un aumento de las infecciones como consecuencia de las interrupciones en el servicio del VIH durante la pandemia de COVID-19 y la ralentización de la respuesta de salud pública al virus.

Destacó que para la infección por el VIH no hay cura, sin embargo, derivado del acceso creciente a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y a la atención eficaces del VIH y de las infecciones oportunistas, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico tratable que permite a las personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable.

Detalló que en Hidalgo, los casos notificados de VIH desde el año de 1983, son 4 mil 912, de los cuales 4 mil 37 corresponden a hombres y 875 a mujeres, representando en 1.4% del contexto nacional

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