Piden Diputados presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de electores

Con 23 votos en pro, el pleno del Congreso del Estado aprobó el acuerdo económico de urgente resolución por el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional ante una eventual estrategia de intimidación y violencia por parte de grupos contrarios a la democracia, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos para que ejerzan su derecho a votar de manera directa, libre y secreta, el 5 de junio.

El diputado Andrés Caballero Zerón, promovente del acuerdo económico, solicita que la presencia de los efectivos de la Guardia Nacional sea principalmente en los municipios de la sierra y huasteca, donde hay indicios de que se puede realizar una estrategia para inhibir el voto de los ciudadanos.

Indicó que el 5 de junio próximo, las y los hidalguenses registrados en el padrón electoral saldrán a ejercer su derecho constitucional de votar para elegir de manera libre y consciente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para el periodo 2022-2028, en una jornada electoral que, hacen votos, se desarrolle en medio de un clima de paz y tranquilidad.

Reconoció que hasta ahora el proceso ha transcurrido sin incidentes violentos, en paz y tranquilidad, y que esperan que así transcurra en los próximos días y el día de la jornada electoral, para que Hidalgo sea un ejemplo de civilidad democrática.

Sin embargo, dijo que la historia moderna “nos recuerda que todavía subsisten grupos contrarios a la democracia, que pueden caer en la tentación de recurrir a la manipulación, la falsificación o la violencia, en lo que resta del proceso electoral, con el objetivo de impedir a los ciudadanos su derecho de voto universal, libre, directo, secreto e intransferible”.

Recordó que en 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Delitos Electorales, que contempla sancionar con pena de cárcel de 4 a 9 años y multa de 300 a 600 días a quien o quienes hagan uso de los programas sociales con fines electorales; ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, entre otros.

Sin embargo, dijo que hay quienes todavía se resisten a abandonar la manipulación, la falsificación o la violencia en los procesos electorales, como los medios de comunicación reportan ocurre en los Estados de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, donde los gobiernos locales han emprendido una campaña de presión a los candidatos y simpatizantes que impulsan la transformación de esas entidades federativas, con el propósito de impedir la celebración de elecciones libres y equitativas.

Es por esa razón, que se plantea el exhorto antes referido para garantizar la seguridad previo y durante la jornada electoral, así como para evitar cualquier intento de intimidación para inhibir la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo