Piden 17 Diputados locales a Fiscalía y Poder Judicial de Puebla

• Mientras los dueños del helicóptero siniestrado están bajo fianza, al mecánico de Hidalgo se le niega

Con el propósito de que se garantice el debido proceso de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, respeto a los derechos humanos, salvaguardándose el principio pro persona en beneficio del hidalguense Israel O.J., trabajador de la empresa Rotor Flight Services S. de R.L. de CV, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo que cobró la vida de la gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno-Valle y tres personas más, el diputado local Ricardo Baptista González y 16 de sus homólogos legisladores, promueven un acuerdo económico por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General y al Poder Judicial, ambos del Estado de Puebla, a observar tales garantías.

En la sesión ordinaria 177 del Congreso estatal que hoy se realizó, el legislador local, a nombre de sus homólogos diputados Rafael Garnica Alonso, Corina Martínez García, Noemí Zitle Rivas, Humberto Augusto Veras Godoy, Doralicia Martínez Bautista, Jazmín Calva López, Margarita Evelyn Leonel Cruz, Rosalba Calva García, Armando Quintanar Trejo, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Salvador Sosa Arroyo, Jorge Mayorga Olvera, José Romero Felipe, Viridiana Jajaira Aceves Calva, Felipe Ernesto Lara Carballo y Miguel Ángel Peña Flores, indicó que no se pretende invadir el campo de ejecución de ninguna autoridad jurisdiccional en un asunto de esta naturaleza.

“Pero si se hace, como en otros casos, un atento llamado para que el ciudadano Israel, sea objeto, como lo marca el derecho, de un debido proceso y la correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a la dignidad humana, para obtener como resultado el dictado de una sentencia absolutoria o condenatoria sin soslayar la condición de justicia social y buscando la plenitud del Estado de derecho”, apuntó.

Añadió que en aras del principio de imparcialidad, solicitan que, así como tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A de C.V., que también fueron vinculados a proceso por el mismo caso y a quienes el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva ante el juez, se revise el otorgamiento de un amparo en adhesión para el conciudadano, dado que durante dos años, él en su calidad de testigo, siempre acudió al juzgado con plena disposición a declarar.

Dijo que la historia de nuestro país se encuentra llena de sucesos trágicos, que han manchado de sangre diversos sectores del tejido social, algunos de ellos generan más conmoción que otros pero todos dejan su debida marca en la historia, y en el caso de algunos personajes importantes de la política mexicana varios han sido los accidentes principalmente aéreos que se han registrado.

Recordó los accidentes de Francisco Blake Mora quien siendo secretario de Gobernación de Felipe Calderón, falleció el 11 de noviembre de 2011 al desplomarse en el Estado de México un helicóptero en el que viajaba con otras siete personas, previo a ello Juan Camilo Mouriño teniendo el cargo también de secretario de Gobernación durante la gestión de Felipe Calderón, falleció el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo sumándose a la fatídica lista Juan Ignacio Torres Landa quien era ex candidato a la gubernatura de Guanajuato quien falleció el 7 de junio de 2013 tras desplomarse el helicóptero en el que se transportaba.

Detalló que el 24 de diciembre de 2018, la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno-Valle Rosas murieron al desplomarse el helicóptero en el que viajaban hacia la ciudad de México. El aparato cayó en el municipio de Santa María Coronango, Puebla. Además, murieron en ese accidente los pilotos Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, el quinto fallecido fue Héctor Baltazar Mendoza, asistente del legislador poblano.

Añadió que el 27 de marzo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su titular, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, informó a la opinión pública el resultado de la investigación de aquel siniestro aéreo. La investigación concluyó que las causas del accidente se debieron a múltiples factores entre ellos cuestiones mecánicas, así como de omisiones por parte del piloto y la empresa operadora del helicóptero, al no mantener la aeronave en tierra a pesar de dichas fallas.

Indicó que dicha empresa de mantenimiento, está registrada bajo la razón social “Rotor Flight Services S de R.L. de C.V.”, y que derivado de este dictamen, la Fiscalía General del estado de Puebla ejerció acción penal contra cuatro personas vinculadas a esta empresa, siendo cumplimentadas el mismo número de órdenes de aprehensión contra el dueño de la empresa Rotor Flight Services y tres empleados, entre ellos el ciudadano hidalguense Israel O.J.

Explicó que los detenidos, están acusados de los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos a título de culpa; y por falsedad de declaraciones a una autoridad. Dijo que los familiares de Israel O.J., ciudadano originario del municipio de Tula de Allende, se han acercado a él para poder externar la necesidad de ser verdaderamente escuchados y con ello poder demostrar, por los medios adecuados, la inocencia de su familiar.

Mencionó que el accidente en el que lamentablemente perdieran la vida la gobernadora y el ex gobernador de Puebla, se da en un contexto de corrupción entre algunos empresarios y algunos miembros de la clase política, para quienes lo más importante eran los negocios que el cumplimiento y respeto de la normatividad.

De acuerdo con información pública, comentó que el helicóptero modelo Agusta A-109, matrícula XA-BON en el que murieron cinco personas, fue adquirido por la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SA de CV, propiedad de los hermanos José Antonio y Rafael Torre Mendoza, quienes compraron dicha aeronave a la empresa Eolo Plus, propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz y Juan Armando Hinojosa Cantú, éste último un empresario muy ligado al ex presidente Enrique Peña Nieto, y vinculado al escándalo de corrupción de la “Casa Blanca” en la anterior administración, de acuerdo a información pública.

Dijo que si bien es cierto que los procesos penales obedecen al cumplimiento estricto de normas y procedimientos legales, también lo es que cuando se advierte un trato diferenciado y que presumiblemente pudiera constituir una violación al principio pro persona, se debe levantar la voz para hacerlo notar, por el simple hecho de que como ya lo ha referido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Indicó que aun siendo respetuosos de las diferentes esferas entre los poderes que dan vida a un estado democrático, se debe esperar que las acciones emprendidas por, en este caso, las autoridades jurisdiccionales, sean completamente apegadas a ley y que de ninguna manera sean desproporcionadas con todos o con uno de las personas sometidas a proceso.

“Todo esto lo refiero porque a la fecha no se ha podido, a pesar de haber sido intentado por los familiares de Israel y con las herramientas legales pertinentes, lograr que sean reconsideradas las medidas cautelares del mismo, en función de que se le acusa de un delito no grave, y para el que desde luego existen medidas igual de eficaces y menos estigmatizantes como es la prisión preventiva, sobre todo pensando que en ningún momento el hoy acusado se ha negado a cooperar con las autoridades para la resolución del trágico desenlace de las personas que murieron aquel 24 de diciembre de 2018”, señaló.

Sostuvo que él y sus compañeros diputados locales elevan esta preocupación de los familiares de Israel O.J., no por individualizar las normas penales para favorecer a un particular, sino porque, en mi petición de defensa del Estado de derecho, dejo manifiesto que la existencia de condiciones de legalidad en los procesos penales de nuestro país, encontraremos la confianza para activar la llave procesal y de coadyuvancia en cualquier investigación, teniendo garantía de actuaciones maduras y analíticas de nuestras autoridades en materia penal