No otorgar ni renovar concesiones de transporte público

No otorgar ni renovar concesiones de transporte público a quienes hayan sido sentenciados por comisión de delitos de género: Fortunato González

A fin de que no se otorguen, ni renueven concesiones de transporte público cuando el solicitante o titular hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito de género, el diputado local de Morena, Fortunato González Islas, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo.

Las modificaciones propuesta, también proponen establecer que no procederá el otorgamiento, el canje, la renovación, el resello o la reposición del Tarjetón cuando el solicitante o el titular de éste haya sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de algún delito de género, que se definen como: “Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Indicó que de acuerdo con datos del INMUJERES al 2022, el 98% de las mujeres ha tenido alguna experiencia de acoso u hostigamiento en el transporte público en algún momento;  93% de las mujeres entre 15 y 19 años señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en el transporte público desde silbidos, besos, gestos con la mano, expresiones, sonidos, toqueteos, alusiones personales, sexuales, directas o indirectas al cuerpo, miradas lascivas e insinuantes, fotografías o videos sin su consentimiento, cuando se dirigían a sus trabajos o a la escuela.

Añadió que ser víctima de acoso o violencia en alguna unidad del transporte público, genera efectos psicológicos importantes, mismos que las mujeres buscarán prevenir con modificaciones en sus rutinas, aunque éstas impliquen tardar más tiempo en llegar a un destino o pagar un medio de transporte más costoso.

Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 realizada por el INEGI, el 76.2% de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público. El Estado de Hidalgo, dijo, no escapa de esa lamentable estadística nacional, de acuerdo a un estudio realizado por la organización Tomando el Transporte Público, el 74% de las mujeres hidalguenses se sienten inseguras al usar el transporte público.

“Estos vergonzosos y preocupantes datos, difícilmente podrán revertirse de un momento a otro, pero si es posible, realizar acciones que reduzcan esa percepción de inseguridad, y sobre todo, que de verdad eviten actos de violencia contra las mujeres en el transporte público y que inhiban en los operadores la realización de cualquier delito de género y en los concesionarios provoquen tener mucho mayor cuidado y atención en la conducta y capacitación de sus operadores, así como evitar ellos mismos realizar delitos de género”, apuntó. Derivado de los argumentos expuestos, González Isla sometió a la consideración del Pleno la iniciativa referida.

Más adelante, el legislador del Partido del Trabajo (PT), Jesús Osiris Leines Medécigo, a nombre de diputadas y diputados de Morena y de su bancada, sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa cuyo objetivo es aportar elementos técnicos que auxilien a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en sus tareas de fiscalización  de los recursos públicos, con la finalidad de reducir riesgos, irregularidades en la operación de entes públicos y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.

La iniciativa que reforma la fracción V del artículo 57, y la adición de un párrafo a la fracción II del artículo 10, y la adición de dos párrafos a la fracción I del artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, fue suscrita por Jorge Hernández Araus y José Antonio Hernández Vera, diputados integrantes Morena; Tania Valdez Cuellar, Elvia Yanet Sierra Vite, Edgar Hernández Dañu y Jesús Osiris Leines Medécigo, del PT.

Durante el desahogo de los asuntos generales, el diputado morenista Fortunato González propuso un acuerdo económico por el cual exhorta a la Comisión Nacional del Agua a verificar e inspeccionar las irregularidades, daños a terceros y afectación, para la revocación, extinción o suspensión de la concesión número 13HGO154405/26FMDL17 otorgada a Alicia Castañeda Moreno.

Indicó que Actopan es uno de esos municipios y donde hoy se debe poner especial atención a lo que está ocurriendo, ya que los habitantes de distintas localidades, desde hace 10 años aseguran sufren escases de agua y el servicio que se les brinda se realiza de manera tandeada.

Añadió que pese a esa situación, el 16 de enero del 2017 CONAGUA otorgó a Alicia Castañeda Moreno la concesión número 13HGO154405/26FMDL17, para la explotación INDUSTRIAL de aguas nacionales subterráneas del acuífero Actopan– Santiago de Anaya, mismo acuífero del que se extrae el agua mediante la cual la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan brinda el servicio a 20 localidades y colonias, lo que representa más de 25 mil habitantes.

Comentó que del otorgamiento de la citada concesión, no tenían conocimiento ni las localidades, ni las autoridades de las comunidades o ejidos, ni la autoridad municipal; hasta que el 26 de agosto del presente año, la titular de la citada concesión, hace del conocimiento de la autoridad municipal que había iniciado trabajo de perforación para la obtención de agua.

“Imagínense lo incongruente de la situación, en un municipio con problemas de agua, CONAGUA otorgó una concesión de uso industrial, para que un particular realice extracción de agua del mismo acuífero donde se extrae el agua que se distribuye en los hogares de los actopenses, para que posteriormente ese particular, pueda vender el líquido que extrajo, a la misma población que está afectando”, señaló.

Ante esta preocupante situación, dijo que habitantes de distintas localidades, exigen que sea prioritario su derecho constitucional al agua y que no se realicen acciones que comprometan aún más el suministro a la población, antes de permitir la comercialización del agua, debe garantizarse el suministro a escuelas, a centros de salud y las familias del municipio.

Indicó que basados en su derecho constitucional, los habitantes de Pozo Grande y vecinos de otras localidades iniciaron una serie de protestas y acercamiento con distintas autoridades para exigir que se detenga la perforación y se revoque la ya citada concesión otorgada a una particular.

nDestacó que No es un asunto menor, ya que son más de 25,000 posibles afectados de las localidades de Trigueros, Parque Urbano, Guzmán Mayer 1, Guzmán Mayer 2, Cañada, Aviación, Las Monjas, Los Olivos, Centro Norte, Niños Héroes, Benito Juárez, Daxtha, Pozo Grande, Boxtha, Guadalupe, La Floresta, Fundición Baja, Fundición Alta, el Porvenir y Eroca, entre otras.

Subrayó que la cancelación de la ya mencionada concesión no es un capricho, sólo se pide que se cumpla Ley, la cual ha sido violentada, además de que es evidente que existen afectaciones a más de 25 mil personas