Incluir a mujeres Trans en espacios laborales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial

Incluir a mujeres Trans en espacios laborales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los Ayuntamientos, propone Ángel Tenorio

Con el objetivo de incluir a la población Trans en espacios laborales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como de organismos de la Administración Pública Descentralizada y en los Ayuntamientos, el diputado local de Morena Ángel Tenorio Cruz sometió a la consideración del Pleno del Congreso estatal, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el Estado de Hidalgo.

Recordó, durante su exposición de motivos, que en el marco del Día Internacional de Visibilidad Trans (Travesti, Transgénero y Transexual), integrantes de diversos colectivos de la sociedad civil se manifestaron que a pesar de concluir estudios universitarios, las mujeres Trans, además de ser objeto de discriminación, no hay fuentes de empleo para ellas en oficinas, escuelas, ni de intendencia, por lo que se ven obligadas buscar otras opciones.

Indicó que la equidad se materializa cuando cada persona o grupo recibe lo que necesita y merece de acuerdo a sus circunstancias, para ejercer sus derechos, en este caso, el derecho al trabajo previsto en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Observación General número 18: El Derecho al Trabajo, aprobada en 2005 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Añadió que con base en estadísticas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), tres de cada cuatro mujeres Trans han sufrido algún tipo de discriminación, lo que contrasta con la discriminación materializada en contra de las personas gays y lesbianas, que corresponde al 50% de estas poblaciones.

Por lo anterior, Tenorio Cruz consideró que es necesario proponer a la LXV Legislatura del Congreso estatal, iniciar la tarea pendiente hacia este sector, para hacer efectivo su reconocimiento a sus derechos fundamentales como lo es el derecho al trabajo, para lo cual propone reformar el segundo párrafo, adicionar un párrafo tercero al artículo 4, y reformar la fracción I del Artículo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

Más adelante, su correligionario de bancada, el legislador local morenista Timoteo López Pérez, sometió a la consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 99 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que busca adecuar la terminología de la ley de derechos humanos acorde al sistema penal adversarial.

Explicó que debido a la necesidad de emplear cada día términos más precisos, continuamente se observan cambios en la denominación de algunas voces jurídicas en nuestro sistema legislativo. Así, hoy en día ya no escuchamos “averiguación previa”; el nuevo sistema de justicia penal adversarial nos remite al concepto de carpeta de investigación.

El lenguaje jurídico, dijo, no es un conjunto de teorías absolutas o inmutables, sino un cuerpo dinámico de voces que se emplean para regular las complejas y cambiantes relaciones humanas. “Nuestro país contaba con un código procesal penal para cada entidad federativa, uno para el Distrito Federal y otro para el ámbito federal; es decir, 33 códigos procesales en materia penal”, señaló.

Recordó que a raíz de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy” nos encontramos con nuevos conceptos jurídicos que forman parte de lenguaje jurídico y entre esos conceptos nos encontramos con el de carpeta de investigación; concepto que en la actual Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; aún no se incorpora, siendo que nuestra entidad desde el año 2014 comenzó las funciones del nuevo sistema de justicia penal adversarial”. 

Con base en lo anterior, el diputado López Pérez presentó la referida iniciativa para adecuar la terminología en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

En tanto, Lisset Marcelino Tovar, diputada local de Morena, presentó una iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley para la Familia y del Código Penal, ambos del Estado de Hidalgo, para establecer la pérdida de la patria potestad a quien sea condenado mediante sentencia ejecutoria por el delito de feminicidio en grado de tentativa, además para incrementar la punibilidad en el delito de feminicidios.

Marcelino Tovar, en su exposición de motivos, explicó que también, a través de estas modificaciones se busca establecer sanción para las y los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia.

Indicó que la finalidad de esta iniciativa es ampliar la protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y establecer mecanismos para su aplicación, al señalar que el feminicidio o feminicidio en grado de tentativa, trae aparejadas una serie de afectaciones en lo social, y en lo familiar, por ello, dijo, es importante robustecer la norma a efecto de proteger a quienes pudieran situarse como víctimas indirectas, en este caso, las hijas y/o los hijos de la víctima del delito.

Detalló que las autoridades jurisdiccionales, al momento de decidir sobre la pérdida de la patria potestad, deben realizar un estudio particular del caso para poder realizar una valoración entre los derechos de las infancias y el derecho del progenitor a ejercer la patria potestad.

Más adelante, en el desahogo de los asuntos generales, Lisset Marcelino, Timoteo López Pérez y Fortunato González Islas, legisladores de Morena, se pronunciaron por la urgente dictaminación de las iniciativas que reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a efecto de que las 30 comisiones legislativas tengan la facultad de análisis y dictaminación de iniciativas, para con ello eliminar el rezago legislativo, y evitar que únicamente tres de las 30 comisiones existentes tengan esa facultad que debería corresponder a todas las comisiones, como sucede en el Congreso de la Unión y en la mayoría de la Legislatura estatales.