Dip Local. Lisset Marcelino

Pide Lisset Marcelino a Ayuntamientos que procedan a sancionar reforma constitucional en materia de Parlamento Abierto

Lisset Marcelino Tovar, diputada local de Morena, presentó un acuerdo económico por el cual se exhorta respetuosamente a diversos Ayuntamientos de Estado, a que procedan a sancionar la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de parlamento abierto.

Explicó que la reforma referida consiste en establecer en la Constitución estatal que el Congreso local se desempeñe bajo el principio de parlamento abierto y, con ello, dar un paso adelante en las nuevas formas de conducción de la actividad legislativa, a partir del fortalecimiento de esta figura, que incide de manera fundamental en la participación ciudadana.

Dijo que la Asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha señalado que un Congreso democrático moderno no solo debe representar la pluralidad y la diversidad, sino que debe ser transparente en sus funciones, responsable por sus acciones y, lo más importante, debe ser un espacio público dispuesto al escrutinio y a la participación de la sociedad.

Un parlamento abierto, dijo, sería el primer paso para restaurar la confianza en la ciudadanía con datos transparentes y accesibles. En ánimo de impulsar estas prácticas, señaló que fue necesario tener una radiografía que describiera la situación de las instituciones legislativas federales y estatales.

Destacó que considerar los principios de parlamento abierto dentro de la legislación local, sería la oportunidad de seguir contribuyendo a hacer de esta una legislatura aún más transparente, con el objetivo de que la población del estado conozca el trabajo de los legisladores, lo cual dará la posibilidad de hacer del Estado, “el Hidalgo que queremos”.

En tanto, la diputada local de Morena, Sharon Macotela Cisneros, presentó un acuerdo económico por el cual exhorta a las dependencias públicas estatales, municipales y organismos públicos autónomos, a que hagan cumplir la reforma constitucional “3 de 3 contra la violencia” y no se permita que se ocupen cargos públicos a quienes resulten ser deudores alimentarios o aquellos que enfrenten algún proceso por violencia contra las mujeres