Corina promueve la protección a los adultos mayores para evitar sean despojados de su patrimonio

Con el objetivo de evitar despojos y privilegiar el derecho de las personas adultas mayores a gozar y conservar en posesión los bienes que conforman su patrimonio mientras se encuentren con vida, la diputada de Morena Corina Martínez García sometió a consideración del Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 2329 del Código Civil del Estado de Hidalgo.

La legisladora morenista por el Distrito XII de Pachuca, en su exposición de motivos, indicó que no se nos olvide, México es un país en el que gran parte de su población se encamina hacia la tercera edad o ya se encuentra en ella, si tomamos como base el criterio de las Naciones Unidades, que tipifica como adulto mayor a toda persona de 65 años o más para los países desarrollados y a partir de 60 para los países en desarrollo.

Dijo que es motivo de una importante reflexión el hecho que según las tendencias estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando de 12% al 22% de la población.

Añadió que se trata de un sector de hombres y mujeres que han entregado su vida al trabajo y al cuidado familiar, pero que progresivamente ven mermadas sus facultades. “Nadie puede poner en tela de duda lo que han aportado a la sociedad, por ello es importante que se les proteja y que las leyes velen por sus intereses”, sostuvo.

Comentó que en torno al maltrato y abuso de los adultos mayores, cada día nos enteramos de casos que dejan expuesto lo peor de los seres humanos. Los familiares muestran gran voracidad por los bienes materiales de las personas mayores y muchísimas veces abusan de su condición.

Subrayó que muchas personas de la tercera viven en carne propia las disputas entre sus familiares por quedarse con sus propiedades y recursos; estos pasajes lamentables suelen ser frecuentes. Es por ello que muchas personas deciden ordenar legalmente su patrimonio ante un eventual fallecimiento.

Indicó que entre las medidas jurídicas a las que se recurre es a realizar la donación que es un derecho ciudadano de todo titular de una propiedad inmueble, desafortunadamente aquellos beneficiados por dicho acto en muchas ocasiones terminan enfrentados con el donante, y no sólo recurren a amenazas, sino que despojan al anciano del inmueble y lo fuerzan a irse a vivir a otro lado.

“Y todo a consecuencia de que en el acto de donación no se estipuló el usufructo vitalicio, es decir, conservar la propiedad y uso del bien hasta el fallecimiento de la persona donante”, apuntó.

Dijo que en la actualidad el Código Civil permite que, de ser deseo del donante, se estipule el usufructo vitalicio, es cierto también, que ello queda solamente a elección consensuada, en tanto que, con la propuesta que hoy se presenta, se protege el derecho de la persona adulta mayor a contar con una vivienda en la parte de su vida que mayores desventajas acarrea.

Manifestó que es importante pues que la Ley proteja a las personas mayores y les permitan conservar sus propiedades mientras estén con vida.

Además, destacó que las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud, tal y como lo establece el artículo 2352 del Código Civil de nuestra entidad –un aspecto que debería enfatizarse al momento de concretar el acto-, pero es muy importante señalar que no se establece en algún otro artículo que el Notario público tenga la facultad de establecer en el contrato de donación el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge, sea una persona mayor de 65 años.

“Se trata de lo que parece un pequeño agregado, pero si analizamos con atención, esto cambia profundamente el sentido de una donación y garantiza que las personas de la tercera edad conserven en posesión sus bienes inmuebles mientras se encuentren con vida”, concluyó