Corina Martínez promueve que los Ayuntamientos intervengan en la conservación de bienes patrimoniale

Corina Martínez García, diputada de Morena, sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que adiciona la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de que se expresen, de manera clara y concisa, las facultades y competencias de la autoridad municipal en materia de arqueología, dirigida a la perduración de los bienes patrimoniales en el Estado de Hidalgo.

Indicó, en su exposición de motivos, que se requiere que los Ayuntamientos se den cuenta que tienen un patrimonio al que pueden y deben preservar, pues dijo que a través de los años se sabe de casos en los que las personas solicitan ayuda a las Presidencias Municipales para intervenir en la conservación de ciertos predios y construcciones de interés antropológico, pero se topan con mucha reticencia y no sólo por la escasez de presupuesto sino por la falta de sensibilidad.

Comentó que cierto es que la entidad responsable es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, una institución federal y que existe la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenta además con su reglamento, pero ello no es obstáculo para que los Municipios tomen parte y pongan su granito de arena, así mismo se consagra en ambas instancias.

Es por ello –subrayó- que el día de hoy subo a esta tribuna para buscar que en la Ley Orgánica Municipal que habrá de promulgarse se expresen, de manera clara y concisa, las facultades y competencias de la autoridad municipal en materia de arqueología, dirigida a la perduración de los bienes patrimoniales.

Plantea, a través de su iniciativa con proyecto de Decreto, la adición del inciso D Bis de la Fracción II del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el cual establece a los municipios lo siguiente: Velar en todo momento por la creación de planes de conservación, mantenimiento, protección y demás acciones encaminadas a preservar las zonas y monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, dentro de su territorio, siempre observando lo establecido en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y demás ordenamientos aplicables en el estado.

Con esto, dijo, se estaría en posibilidad de establecer una política municipal, además de los planes de conservación y manejo, requeridos en el ámbito arqueológico de parte de los ayuntamientos. Estaríamos impulsando así la coparticipación y gestión local, con lo cual se reforzarían las acciones de todas las instancias involucradas y previstas en la ley.

“La gente está orgullosa de sus antepasados y del legado que todavía existe de las culturas prehispánicas, no hay razón alguna para que todas y cada una de las instancias oficiales no se den cuenta de su relevancia”, dijo.

Destacó que es momento de impulsar renovadas formas de colaboración entre sociedad y gobierno y al plasmarlo en el ordenamiento municipal los responsables de la administración se darán cuenta explícitamente de que están involucrados y tienen que participar en la medida de sus posibilidades para ayudar en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos que les correspondan.

Manifestó que no podemos permitir que nuestro pasado desaparezca; cada uno de nosotros podemos contribuir a su preservación y un punto de partida es solicitar a las autoridades que cumplan con sus obligaciones y asuman una actitud participativa.

“¿Acaso como hidalguenses no sentimos orgullo por los Atlantes de Tula? Pues mucho se podría hacer para que esa zona arqueológica se encontrara en mejores condiciones que las actuales… la conservación comienza desde la seguridad del entorno y la limpieza del lugar; los municipios no deben desentenderse más de tales tareas básicas”, apuntó