Aprueban protocolos de salud mental para cuerpos de seguridad en Hidalgo

Con la aprobación de estos protocolos, se elimina la improvisación en las intervenciones policiales durante situaciones de alta vulnerabilidad psicológica.

El Pleno del Congreso de Hidalgo aprobó este día una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado. La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Luna y respaldada por legisladores de diversas fracciones, responde a la necesidad de que los agentes de seguridad —quienes suelen ser los primeros en llegar a una emergencia— tengan las herramientas necesarias para manejar crisis de salud mental. Con esta modificación, Hidalgo busca transitar hacia un modelo de seguridad más humano, donde la labor policial no solo se limite al mantenimiento del orden, sino que se convierta en un pilar fundamental para la preservación de la vida mediante la intervención profesional en momentos de vulnerabilidad extrema.

Esta reforma no solo actualiza los manuales de procedimiento, sino que otorga certeza jurídica y operativa a los elementos policiales que, hasta ahora, enfrentaban estas situaciones sin una guía técnica clara. Al elevar estos protocolos a rango de ley, se garantiza que la atención a las crisis psicológicas sea una política de Estado permanente y no un esfuerzo aislado. La intención de los legisladores es que cada policía estatal o municipal se convierta en un agente de contención capaz de identificar señales de alerta y aplicar técnicas de persuasión que prioricen la integridad del ciudadano, fortaleciendo así la confianza entre la sociedad y sus instituciones de seguridad en situaciones de alta sensibilidad.

En cuanto a las nuevas disposiciones, la reforma establece que las corporaciones policiales deberán aplicar protocolos de actuación específicos para intentos de suicidio, los cuales incluyen la formación obligatoria en primeros auxilios psicológicos, técnicas de desescalamiento de crisis y una coordinación estrecha con servicios de emergencia como el C5i y Protección Civil, garantizando que cada intervención se realice bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, con personal debidamente sensibilizado y capacitado en un plazo no mayor a 180 días tras su publicación para asegurar que la respuesta sea técnica, empática y coordinada.