MEDIDAS CAUTELARES EN EL NSJP: EVITAN EVADIR RESPONSABILIDAD

Como parte de las conferencias mensuales de seguimiento acerca de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que ofrecen los operadores del mismo, Said Escudero Irra, subprocurador de Procedimientos Penales región poniente y vocero del sistema penal acusatorio; Julio Paredes Salazar, titular de la secretaría técnica para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y Fermín Díaz González, director general del Sistema de Medidas cautelares y Policía Procesal (Umeca) informaron que se han fijado mil 562 medidas cautelares desde el arranque de dicho sistema penal.

Las medidas cautelares son resoluciones dictadas por una o un juez, a petición del Ministerio Público, con el objetivo principal de que una persona imputada no atraviese el proceso penal en prisión, sino en libertad y sin perder su fuente de ingresos.

Y para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, que se proteja a la víctima y que se obstaculice el proceso, personal de la Umeca hace un análisis social y laboral para determinar si la medida solicitada es la adecuada.

Esta opción no existía en el sistema tradicional y en la actualidad la prisión preventiva sólo se aplica cuando se imputa un delito considerado como grave, es decir que no amerita prisión oficiosa como en casos de asalto, secuestro o delincuencia organizada y únicamente si la persona imputada no es reincidente.

De esta forma, la persona imputada no pierde su trabajo, lo que permite que genere recursos que serán destinados en la reparación del daño, pues en el sistema tradicional, en prisión no generaban recursos y no se garantizaba que la víctima recibiera el monto de la reparación del daño.

Para evitar que las víctimas crean que existe impunidad porque su agresor no está encarcelado, el Ministerio Público les explica ampliamente que en el sistema tradicional la prisión preventiva era un castigo por adelantado, fueran o no culpables y hoy es al revés, pues el nuevo sistema protege los derechos humanos de todas las partes involucradas y privilegia la libertad, pues más vale que la persona imputada enfrente un proceso en libertad de manera que encuentre alternativas para llegar a un acuerdo reparatorio y al no perder su fuente de ingresos consigue los recursos para la reparación del daño.

Esta modalidad, prácticamente las víctimas lo han entendido, declaró Escudero Irra, y deberá permear la idea para que las personas entiendan que la justicia no se da sólo cuando una persona pierde su libertad, sino cuando hay restauración del daño.

El Director del Umeca, Fermín Díaz citó que de noviembre de 2014, fecha en que arrancó el NSJP a la fecha se ha dictado mil 562 medidas cautelares y las principales han sido que la persona imputada acuda a una firma periódica, lo que garantiza que no se ha sustraído de la acción de la justicia, y la mayoría de estos casos es cuando se trata de delitos culposos, es decir, que no hubo premeditación o fueron accidentes.

Del total de las supervisiones que se han efectuado, que son 126, en 118 casos se ha dado cumplimiento hasta le fecha, es decir, que la o el imputado ha acudido a firmar y sólo 8 personas incurrieron en incumplimiento por causas, en su mayoría, ajenas a la voluntad de la persona, como accidentes o muerte de un familiar. En cuyo caso el juez ha dictado órdenes de aprehensión para que siga su proceso privado de su libertad.

La segunda medida cautelar más aplicada es la separación del domicilio o la prohibición de la o el imputado de acercarse a la víctima, estos dos en su mayoría son por violencia familiar.

La dinámica de disminución de medidas como la prisión preventiva se ha observado en distritos donde ya opera el sistema como en Pachuca, donde de enero a abril de 2015 hubo 257 ingresos a Centros de Readaptación Social (Cereso), comparado con el mismo periodo de 2016, lapso en el que se registraron 221 ingresos y todavía debe considerarse que algunos ingresos corresponden a órdenes de aprehensión derivadas del sistema tradicional.

En el distrito de Tula de enero a abril de 2015 hubo 173 ingresos a Ceresos y en 2016 en el mismo periodo se registraron sólo 90. Mientras que en Tulancingo de enero a abril de 2015 hubo 190 ingresos y de enero a abril de 2016 fueron 156.